De lo fósil a lo verde: riesgos éticos y geográficos de la transición energética

Resumen

La transición energética hacia fuentes renovables se ha posicionado como una estrategia clave para enfrentar el cambio climático y avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles. Sin embargo, diversos estudios han advertido que este proceso también puede reproducir desigualdades socioambientales si no se consideran sus implicaciones territoriales y sociales (Newell & Paterson, 2020; Sovacool et al., 2021). A partir del Acuerdo de París de 2015, los países se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 °C mediante la sustitución progresiva de los combustibles fósiles por fuentes renovables como la energía solar, eólica e hidroeléctrica. Sin embargo, este proceso no es únicamente tecnológico, sino también político, ético y territorial, ya que redefine las relaciones entre países desarrollados y en desarrollo, así como entre organizaciones globales y comunidades locales.

El objetivo de este trabajo es analizar los riesgos éticos y geográficos asociados al cambio hacia energías renovables a partir de los conceptos de deuda ecológica, justicia ambiental y ecologismo de los pobres. Metodológicamente, la investigación se basa en una revisión bibliográfica de literatura en economía ecológica, ecología política y estudios de justicia ambiental, mediante una lectura comparativa de los principales marcos conceptuales y el análisis de estudios de caso documentados en la literatura.

Los resultados sugieren que, en ausencia de mecanismos de justicia ambiental y reconocimiento de responsabilidades históricas, la transición hacia energías limpias podría reproducir desigualdades Norte–Sur y generar nuevas formas de extractivismo vinculadas a la explotación de minerales estratégicos y a la expansión de infraestructuras energéticas en territorios periféricos.

Se concluye que avanzar hacia una transformación del sistema energético justa requiere reconocer la deuda ecológica acumulada, fortalecer la participación de las poblaciones locales y promover formas de gobernanza energética más democráticas y territorialmente equitativas.